¿Maduros para la democracia?

La cantidad de respuestas desconcertantes que se encuentra quien plantee que Colombia debería cambiar su Constitución política recuerda un lugar común de los representantes de las dictaduras militares que hace unas décadas asolaron a la mayoría de los países de Hispanoamérica: "Es que el país no está aún maduro para la democracia". Ya he explicado alguna vez que el término está tan falseado que hasta los terroristas se llaman "Polo Democrático", de modo que es difícil saber qué entienden los demás colombianos por "democracia".

Analizar esas respuestas serviría por una parte para darse cuenta de que el programa de los comunistas es muchísimo más popular de lo que se cree, y también de que en el bando contrario reina la confusión y aun el conformismo.

Para aludir al escepticismo ante la idea de convocar una Constituyente se puede empezar por el recelo del expresidente Uribe ante la manía colombiana de resolver los problemas expidiendo decretos. Ese recelo llevado al extremo conduce a graves extravíos y tiene mucho que ver con el ascenso de sus enemigos en los últimos años: por un lado se reconoce la ley escrita y a las autoridades existentes (en lugar de superar la infamia de una norma básica dictada por un jefe del tráfico de drogas aliado con una camarilla de tinterillos venales y una banda de asesinos), y por el otro se infiere que las leyes son declaraciones vacías sin relación con la realidad, como en la famosa frase de Groucho Marx: "Éstos son mis principios, si no le gustan tengo otros". "Respeto las leyes, si no me convienen las cambio", como ocurrió con la fatídica ocurrencia de la segunda reelección (que obviamente era sólo el primer paso hacia la presidencia vitalicia y un régimen hispanoamericano, tipo Somoza o Stroessner).

Resulta que hoy en día la principal función de los jueces es prevaricar y servir a los intereses de camarillas aliadas de Chávez, los terroristas y los traficantes de cocaína, y que ese poder está sustentado en la legitimidad de una norma que los uribistas no cuestionan. ¿Cómo esperan superar esa situación? Nunca lo pretendieron cuando tenían el poder ejecutivo y la relación directa con las mayorías, señal de que sus miras no iban por ese camino sino por el de entenderse con esa clase de personajes (cosa fácilmente comprobable en la conducta de los congresistas y senadores elegidos por los partidos que Uribe promovía y que hoy secundan, prácticamente sin excepción, la persecución que emprendió el gobierno criminal).

Aun entre los críticos se encuentra uno con muchísimos que aseguran que en caso de convocarse una Asamblea Constituyente ésta sería manipulada por los políticos. De hecho, el odio "genérico" a los políticos es una condena taimada de la democracia, pues no es concebible un régimen democrático sin personas dedicadas a administrar el Estado. Pero también en los demás sistemas de gobierno hay políticos, y siempre mucha más corrupción, sólo que al no haber libertades no se conoce.

Aparte del desdén por el sistema democrático esas personas manifiestan un tremendo desprecio por la ciudadanía: parece que hubiera que resignarse a que los jueces fueran camarillas de criminales porque de otro modo se correría el riesgo de dejarse engañar. Y que una norma que de forma manifiesta autoriza a matar gente para abolirla merece defensa a causa de ese riesgo virtual.

En ese grupo numerosísimo no faltan los que juran que una Constituyente es lo que necesita Santos para repartirse el poder con las FARC. Si pudiera convocarla y dictar una Constitución más afín a los intereses terroristas, ¿qué lo detendría? Y en este caso la confusión sobre el sentido de la Constitución de 1991 es aún más grave: ¡la norma que entrega el poder judicial a los terroristas resulta ser un dique de contención contra su ascenso!

Primero hay que entender que el comunismo es una concepción de la sociedad y un proyecto político muy preciso que cuenta con una compleja organización internacional. El M-19 sería una organización distinta de las FARC, pero en cuanto proyecto comunista siempre estará de parte de la otra banda. Cuando la Constitución le entrega una parte significativa del poder a esos terroristas, se debe entender que el comunismo ha conquistado una parte significativa del Estado y sólo necesita un empujoncito para hacerlo colapsar y esclavizar a la sociedad. La disposición del poder judicial colombiano desde entonces lo demuestra. La Constitución del 91 es tal vez el principal acicate de las FARC, no sólo por el ejemplo de que "el crimen paga", sino por las garantías expresas que tienen para cometerlo.

Pero si se admite esto, ¿qué es lo que impide decidirse a cambiar ese poder judicial y a nombrar tribunales que juzguen a los prevaricadores que ahora protegen la actividad terrorista? Las propias leyes vigentes bastarían para condenar a los del montaje contra Plazas o la impunidad de Teodora. Claro que cualquier proyecto que se quiera emprender ofrece dificultades, pero en este caso la mayor es esa pereza de hacer frente a una realidad monstruosa.

Y no tiene sentido suponer que una movilización cívica acompañada de propuestas de textos y de listas de candidatos a delegados vaya a ser derrotada por los políticos afines al terrorismo. Quienes así razonan obran en definitiva de tal modo que permiten que sus representantes en el legislativo sean verdaderos delincuentes. ¿Cómo es que el engendro de Pablo fue aprobado por menos del 20% de los ciudadanos que podían votar? ¿Cómo es que a pesar de la campaña de los medios y del terror continuo Uribe fue elegido en 2002?

Esa desconfianza sólo es muestra del escaso arraigo de los valores democráticos: en todas las sociedades anteriores se temía el Apocalipsis si llegaba a permitirse elegir al gobierno a los tontos y a los malvados (por no hablar de los prejuicios contra los negros o las mujeres). ¡Qué raro que las sociedades más prósperas y libres sean democráticas!

(Publicado en el blog Atrabilioso el 26 de enero de 2012.)

Pero, veamos, ¿a quién representan las FARC?

Eso se pregunta Mauricio Vargas en su más reciente columna, y a pesar de lo problemático que resulta contestar a esa cuestión vale la pena intentarlo. O mejor dicho, contestar al planteamiento de Vargas, que puede estar induciendo falacias sin proponérselo.

La primera cuestión está en la propia definición: supongamos que se demostrara que las FARC sí representan a una parte, incluso a una parte significativa de la sociedad colombiana. ¿Sería entonces más legítimo negociar el orden político premiando sus crímenes? Bonito sería el rumbo de una sociedad semejante: cada vez que hubiera un conflicto que fuera de alguna manera justificable, uno de los sectores se dedicaría a asesinar y secuestrar inocentes y a destruir el orden legal democrático, y siendo representativos, habría que reconocerlos.

Es decir, el problema no es que las FARC no sean representantes legítimos de ningún sector, sino que amenazan al conjunto de la sociedad y por eso negociar las instituciones con ellas es directamente lesivo para todos. Exactamente como una dama que hiciera concesiones a quien intenta violarla.

Pero lo segundo es también atroz, y no obstante parece sensato y puede haber sido, como ya he dicho, concebido por su autor con la mejor intención: es el viejo lugar común de que las FARC son tan ajenas a la sociedad como cualquier otro grupo delincuencial. Esa idea es grata a la inmensa mayoría de los colombianos, sin distinguir entre uribistas y antiuribistas, pero es una mentira grave y funesta. Las FARC sí representan a un sector social significativo y son el fruto de extravíos de las clases altas y de intereses de importantes instancias de la vida colombiana.

Por ejemplo, haciendo frente a la cuestión de si hay alguien a quien las FARC representan, es obvio que representan a todos aquellos que quieren que se negocie con ellas. ¿No son esas personas una amenaza para la democracia y no alientan los crímenes cuando hacen presión para que se los reconozca como fuente de derecho? La cuestión es tan pueril como si algún abogado pretendiera que el malhechor encargado de llamar a las familias de los secuestrados para cobrar el rescate es en realidad un protector de las víctimas. Las FARC son en últimas clientelismo armado, y su trayectoria con los grandes sindicatos del país lo demuestra. Sus usufructuarios, tanto oligarcas como lagartos, sencillamente "hacen la guerra con los hijos ajenos".

El papel de todas esas personas como parte esencial del crimen se hace más patente cuando se piensa en la relación entre los asesinatos y secuestros de las FARC y las personas que los cometen. ¿Qué beneficio obtiene cada una de esas personas? Tanto si las FARC tomaran el poder como si se desmovilizaran, el futuro de cada criminal específico dependería de su inserción en la jerarquía tradicional (étnica, sexual, "etaria", regional y de instrucción). Es decir, los crímenes los cometen niños indígenas de regiones miserables pero sirven para que personajes como María Jimena Duzán sueñen con embajadas vitalicias (de momento le sirvió para ser cónsul en Barcelona, rodeada de lujos y dedicada a favorecer desde la oficina a los demás "pacifistas" instalados en Europa). Lo mismo se puede decir de los miembros de familias patricias, de los ex presidentes, de los congresistas premiados por Santos, de las ONG, de los sindicatos, de los empleados estatales en términos generales, sobre todo de los de más nivel, que por lo demás son los más resueltamente partidarios de las FARC (es decir, de la negociación, pues es la forma en que se explotan los crímenes lavándose las manos).

Si las FARC no fueran representativas de instancias poderosas de la sociedad, no existiría esa solidaridad general entre los supuestos críticos del uribismo en la prensa y sus compañeros que cabildean más abiertamente a favor de las FARC y legitiman y alientan sus crímenes. ¿O alguien recuerda algún vago reproche de algún antiuribista que escriba en la prensa o aparezca en los medios a la consideración general de "defensores de derechos humanos" que se otorga a benefactores de la humanidad como Iván Cepeda Castro o Javier Giraldo? Curioso. Para entender que todo el antiuribismo es resueltamente solidario con las FARC basta leer por ejemplo las últimas columnas del melifluo académico Eduardo Posada Carbó con un discurso claramente favorable al premio de los crímenes (1, 2).

Y cuando uno suma a los interesados en que las leyes no surjan del consenso de los ciudadanos o de sus representantes sino de la presión de las bandas de asesinos resultan claramente distinguibles dos niveles de grupos a los que representan las FARC.

En un plano ideológico está lo que en Colombia se llama "izquierda", cuya conexión con esa banda de asesinos y con las demás es evidente en todo momento. Las FARC son un nombre para las fuerzas de choque de la "izquierda" o Polo Democrático en las áreas rurales o en los barrios miserables de las ciudades. El que quiera creer otra cosa podría explicar cómo es que ese partido nunca ha pedido a la banda que desista de sus crímenes, y al contrario ha hecho toda clase de presión para que se premien. ¿O no es así? El hecho de que los colombianos disocien ambas actividades sólo es reflejo de esa condición moral que lleva a considerar crimen lo que hace un adolescente hambriento pero no lo que hace quien lo contrata, que sería exactamente el caso del PDA y las FARC. Entre las perlas de esos criminales no es menor la última amenaza del exalcalde de Bogotá Luis Eduardo Garzón, ahora líder de un partido con el que coquetea el uribismo: si Santos no hace la "paz" matarán a un millón.

En un nivel sociológico es mucho más clara la relación: el socialismo a la cubana es, como la tutela, una garantía de que los grupos organizados que tradicionalmente dominan el Estado estarán a salvo de competir y de rendir cuentas. El rechazo del juego político normal en cualquier democracia agrupa a los sectores parasitarios de siempre, caracterizados por ser herederos directos de cargos públicos y también de ventajas concretas a la hora de acceder a ellos: contactos (sobre todo), rasgos físicos próximos a los de los conquistadores, títulos académicos (garantizados por las mismas rentas), etc. No es raro que el presidente de la federación de sindicatos estatales fuera Wilson Borja, corresponsal de alias Raúl Reyes, ni que la revista de los ricos sea la más obsesivamente antiuribista y tenga entre sus columnistas a un sicario ascendido a la gerencia y a una lista de personajes del mismo estilo.

¿A quién representan las FARC? A los colombianos identificados con el viejo orden de castas que por eso aborrecen la democracia y la competencia. Que esos colombianos sean también la esencia del país, el país atávico (a diferencia de las mayorías, que preferirían integrarse en sociedades en las que los señoritos serían despreciados y aun ridiculizados), es precisamente lo que determina la dificultad de acabar con las bandas terroristas: el ciudadano ordinario, que podría intercambiarse por el de clases sociales bajas de cualquier país desarrollado, es incapaz de crear medios de prensa distintos a los que heredaron los jefes del terrorismo. Y las nuevas generaciones son incapaces de resistir a la seducción que ejerce sobre ellos ese orden, el único mundo que pueden concebir, reforzado por la educación.

Hagan la prueba, díganle a cualquier colombiano de 15 años que en 2000 las guerrillas secuestraban a diez personas cada día, o de que Arias o Salazar no se robaron nada. Todos estarán seguros de que eso es mentira. La prensa y la educación están en manos de los amos de las FARC, y hay muy poca determinación para cambiar eso.

Y en definitiva, admitir que las FARC representan a ciertos sectores de la sociedad colombiana implica que esos sectores, cuya complicidad con los crímenes comunistas alcanza más de medio siglo, tienen una responsabilidad que tal vez no sea punible en términos penales, pero que sí debe determinar que se los vete como representación de la sociedad, que se los arrincone y señale, tal como ocurrió con los partidarios de Hitler que no cometieron directamente crímenes. Bueno: decir que las FARC no representan a nadie o que son meros bandidos llegados de la luna es una forma de asegurarle la impunidad a sus cómplices.

Ese combate político es la tarea de Colombia para las próximas décadas, y un improbable desenlace justo requerirá superar el statu quo impuesto en 1991 por la alianza de terroristas, tinterillos y traficantes de drogas: a fin de cuentas, ¿no dicen los del Polo Democrático que son el partido que defiende esa Constitución? Bueno, también para eso debería haber un partido que agrupe a los ciudadanos que quieran oponerse al premio del crimen. Algo que también parece remoto e imposible, pero que no por ello deja de ser necesario. Y posible.

Los enmascarados de plata

Uno de los héroes de la industria del entretenimiento más populares en Colombia cuando yo era niño era el Santo, "El Enmascarado de Plata", un luchador mexicano del que se coleccionaban cromos y se leían sus aventuras en revistas de fotos. Habrían de pasar muchos años para que yo entendiera, tras ver las escenas terribles de la lucha libre estadounidense, el Pressing Catch, que por fuerza un espectáculo de lucha es una farsa, que si se enfrentaran los luchadores con la saña que fingen, las lesiones los mantendrían fuera de actividad la mayor parte del tiempo y las muertes serían frecuentísimas.

Una farsa semejante ejecuta el actual presidente colombiano junto con su hermano mayor respecto de las bandas terroristas (que durante décadas promovió el segundo acompañado de buena parte de su medio social y que ahora a toda costa intenta legitimar la prensa controlada por la familia). Por una parte, tratando de encarnar la rabia de la ciudadanía a la que asesinan y despojan, y por la otra obteniendo réditos de ese papel según un guión que si no han acordado (y hay muchas razones para creer que sí lo han hecho) en todo caso surge del mismo consenso básico respecto al final.

Es decir, el espectáculo requiere los necesarios accesos de ira por parte del bravucón presidente y los muy reales asesinatos de las tropas de niños controladas por personas muy próximas a su hermano mayor. El objetivo de las supuestas querellas retóricas es ir haciendo tragar al público la negociación política (para eso son necesarios los crímenes) siempre considerando que resulte verosímil (de ahí que se prodiguen las exigencias de "gestos de paz" y la renuencia de las FARC a demorarlos mientras sacan cocaína y acumulan grandes botines con la extorsión consentida en las zonas fronterizas y protegidas por el régimen venezolano).

Para comprender que se trata de un guión acordado basta con prestar atención al árbitro, que no es otro que la prensa completamente sumisa al hampa gobernante, a tal punto que el siniestro ex canciller de Samper, Rodrigo Pardo, pasó a ocupar un puesto de poder en RCN, la única cadena que no obedecía del todo al libreto samperista-pastranista. Invito al lector a prestar atención a este "Análisis mundial para pensar en rutas para llegar a la paz en Colombia" que es lisa y llanamente el comienzo de una intensa campaña de propaganda de la negociación idéntica a la que precedió al Caguán. No tardó en aparecer la correspondiente columna de Eduardo Posada Carbó, ¡"Apuesta por la paz"! mostrando el optimismo de los cobramasacres que habitualmente exhiben algún comedimiento para poder ejercer su tarea con más efectividad.

De no ser por la distracción habitual de la gente y por la ausencia de una verdadera oposición, sería algo universalmente reconocido que los crímenes son acordados entre el gobierno y los jefes de la banda terrorista. La obsesión por buscar que se legitime a los criminales es casi enfermiza en la prensa de la familia presidencial, pero ¿en qué creen los lectores o por quién toman partido? Los pocos que leen esa clase de noticias son mayoritariamente partidarios de los terroristas. De otro modo habría llamado la atención la legitimación descarada del terrorismo de una señora del Think Tank "Razón Pública" (muy posiblemente un órgano emergido de las FARC, a tal punto que su creador, Hernando Gómez Buendía era firmante de la correspondencia de los "Colombianos por la Paz" con la banda), que previsiblemente apareció en la portada electrónica de El Tiempo.

Bueno, las indecentes declaraciones de Andrés Pastrana forman parte de lo mismo, y la renovación generacional (varios millones de personas han pasado a ser mayores de edad en la última década) así como la presión de la "educación" y de la misma prensa hacen que mucha gente olvide el Caguán, o pierda fuelle la determinación de impedirlo.

Ya es tedioso repetirlo: la negociación política, el premio de los crímenes terroristas, es lo que buscan los partidos de la Unidad Nacional y todos quienes siguen aferrados a esos partidos son cómplices. Puede que a la larga les convenga, pues no se ven muchas posibilidades de impedir que en 2014 salga elegido un heredero de las políticas de los Santos, estos gladiadores farsantes, pero las personas rectas no deberían dejarse engañar.

Es decir, las "críticas constructivas" de algunos forman parte de la misma bravuconada con que los Santos representan su libreto.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 18 de enero de 2012.)

Diez verdades de a puño sobre la educación superior

Contra toda evidencia la universidad da por sentado que es necesaria tal como lo hacía la institución eclesial a la que pretende reemplazar.

Si fuera por un objetivo terrenal medible como el crecimiento económico y el bienestar, la universidad pública gratuita es contraproducente.

Respecto a la rebelión de los estudiantes chilenos se pasa por alto que el crecimiento del país también se debió al ahorro en universidades.

Cada vez que un país hispánico está cerca del desarrollo, surgen de la sociedad fuerzas atávicas que lo impiden. Ahora es el turno de Chile.

Como factor de equidad la universidad pública es una falacia monstruosa: la plata de los débiles se dedica a proveer ventajas a los fuertes.

El objetivo de las universidades del mundo hispánico no es el saber, sino la provisión de títulos que garanticen la inclusión del agraciado.

En cuanto es el Estado el proveedor de educación superior ésta se vuelve un pretexto para la exacción de los grupos parasitarios de siempre.

El activismo violento y totalitario es un sino fatal de las universidades hispánicas: mientras gana el paraíso el clero disfruta beneficios.

Si un profesor renuncia ante la indigencia de sus alumnos no culpa a la escuela ni al medio sino a la tecnología. ¿Qué enseñaría ese hombre?

“Es que a eso venimos, a aprender”, replican. Como para esperar que tras más de una década en la escuela sepan leer o escribir. Es Colombia.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 16 de diciembre de 2011.)

La plata de los secuestros

Recientemente los grandes pensadores de la prensa colombiana descubrieron algo que hace mucho tiempo señalé, que el problema no es que las FARC hayan perdido sus ideales, sino exactamente lo contrario, que los conservan. Pero es un aspecto casi secundario hoy en día, porque la principal causa de que siga habiendo FARC es la promesa de Santos de premiar sus atrocidades, en aras de un papel en la historia que podría ser más vistoso aún que el de su tío abuelo y que el de Uribe, dado que podría ir acompañado de un Nobel. La organización terrorista está derrotada, pero los aportes de Chávez y el negocio de la cocaína hacen que se le dé respiración artificial, también en aras de complacer a la copiosa masa de pensadores con sueños de justicia social que producen a un ritmo asombroso las universidades.

No faltan quienes señalan que el comunismo podría haber ganado elecciones en Colombia de no ser por la guerrilla, cosa que resulta muy difícil tanto de creer como de dudar. ¿Quién sabe? Sólo la guerrilla permitió el control de las universidades y a partir de ahí de la función pública. A punta de persuasión el PCC no habría llegado muy lejos porque para la rapiña siempre habría infinidad de rivales. Fue la eficacísima intimidación lo que permitió a personajes como Luis Eduardo Garzón controlar el sindicalismo en Barrancabermeja y así hacer hegemónica a la Central Única de Trabajadores (en la que el actual vicepresidente también tenía su papel como parte del Comité Ejecutivo Central del Partido Comunista, la entidad que encargaba y dirigía los asesinatos y secuestros). Lo mismo ocurrió en infinidad de empresas públicas, y cualquiera que sepa algo de esos sindicatos podría confirmar la persistencia de las amenazas por parte de los representantes de la izquierda democrática a cualquiera que pudiera hacerles competencia.

Pero mucho más importante fue la adhesión de personas de los clanes de poder, que a fin de cuentas más que aliados o agentes obraron como grandes accionistas de la cruzada totalitaria, puede que incluso desde los años treinta, pasando por grandes proezas como el bogotazo o la violencia de las dos décadas siguientes. De tal modo, las organizaciones de fanáticos asesinos que recogen las vocaciones que prepara la universidad han pasado a ser sencillamente parte del statu quo, elementos necesarios cuya desaparición se impide a toda costa, como ocurrió con el ELN tras la Operación Anorí, cuando el entonces presidente López Michelsen impidió la aniquilación de la banda en aras de una negociación, según ha denunciado muchas veces el general Álvaro Valencia Tovar.

Es lo mismo que está haciendo Santos ahora con las FARC, con la complicidad de los expresidentes vivos, salvo Uribe (que por otro lado tampoco es que haga oposición): las amenaza con no premiarlas si no matan al ritmo que a él le conviene, bravuconada que sirve para informar a toda la población de que el gobierno está resuelto a "negociar". Tal como ocurrió cuando Pablo Escobar impuso a punta de carros bomba la Constitución que prohibía extraditarlo, la inmensa mayoría de los colombianos se mantienen indiferentes y sólo se oye el ruido de los interesados en que se premien los crímenes, de los pacifistas que para cualquier persona que no tenga disposición servil son obviamente quienes encargan y cobran los crímenes.

Si uno se detiene a pensar, resulta evidente que el fondo de todo es esa incuria absoluta, fruto sin duda de la tradición de oscurantismo que en Hispanoamérica dejó la Contrarreforma del siglo XVII y las prácticas inquisitoriales que la acompañaron. La posibilidad de disfrutar de la vida excluye cualquier oposición al poder o cualquier crítica. Por eso a muy poca gente la subleva que uno de los asesinos que organizaron con Pablo Escobar el asalto al Palacio de Justicia sea hoy el alcalde de la capital del país mientras que el oficial que impidió que destruyeran el régimen democrático está preso tras un montaje evidente.

Pero también por eso a nadie le importa que los miles de millones de dólares que se pagaron por varias decenas de miles de secuestros se hayan esfumado. Las guerrillas llegaron de la luna con unos ideales que perdieron para bajar de estrato y pensar sólo en delinquir, y ¿a quién se le va a ocurrir que los columnistas y líderes de ONG, que siempre han vivido rodeado de lujos sin que se pueda entender cómo los pagan, puedan haber estado prosperando gracias a su pacifismo y a su comprensión con "la insurgencia"?

En cualquier país civilizado habría muchísimas investigaciones periodísticas y judiciales para saber qué ocurrió con ese dinero. En Colombia no, en buena medida porque periodistas y jueces son dos de los principales gremios controlados por los mismos empresarios de la retención: más bien hay persecución judicial y de calumnias del Ministerio de la Verdad contra cualquiera que se interese por saber. Lo único que queda, y alguna vez habrá colombianos con el mínimo de dignidad para planteárselo, es la certeza de que muchos literatos y "científicos sociales", todos extrañamente "enamorados" de Uribe, vivieron rodeados de lujos, de fiesta en fiesta y de orgía en orgía, coleccionando ligueros y agotando botellas de whisky caro sin que se pueda saber cómo se pagaba tan agradable tren de vida.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 13 de diciembre de 2011.)

El secuestro a crédito

Todo parece indicar que el gobierno colombiano prepara un "proceso de paz" con las FARC, para lo cual hace tiempo que adelanta conversaciones secretas, cosa que puede ser el tema de las conversaciones del presidente con Chávez, pero que pueden estar adelantando otros funcionarios, como la secretaria general de Unasur.

El sentido de esos diálogos es ya un crimen: un gobierno no puede estar tramando nada con organizaciones terroristas a espaldas de los ciudadanos, y por fuerza lo que maquinan es lesivo para éstos. Cuando se entra en esa lógica siempre se termina sometido al juego de los terroristas, como ocurrió con Andrés Pastrana, que hoy en día va tranquilamente a Caracas a decir que Uribe no tenía interés en la "paz", en la que en cambio colaboró Chávez.

El hecho de que lo haga Juan Manuel Santos es aún más grave, puesto que en su plan de gobierno proponía otra cosa:

Derrotaremos al terrorismo, terminaremos el confl icto y construiremos la paz. Mantendremos una presión incesante sobre los violentos, organizados en bandas criminales, grupos guerrilleros y terroristas No les dejaremos más opción que la rendición, la reinserción y la aceptación de la Constitución Política de Colombia. Mantendremos la exitosa política del Presidente Álvaro Uribe Vélez, que combinó la mano tendida y el pulso firme.

De lo que sale que engañó a los votantes y cometió un fraude, lo que viene a ser algo muy parecido a un golpe de Estado. El hecho de que el déficit de civismo (ya he explicado en otro post que es el elemento principal de la situación) y el control de los recursos públicos, con los que compra a los congresistas, y de los medios de comunicación, determine que semejante actuación no tenga respuesta no la hace menos grave. Por el contrario, deja ver más claramente el régimen como una autocracia corrupta que busca entenderse con criminales.

Como siempre que se habla de eso hay que recordar la corrupción del lenguaje: un gobierno que se alía con criminales viene a ser un gobierno criminal, y una prueba de ello es que adopta el mismo lenguaje de la propaganda terrorista. Lo que llaman "paz" es la suspensión de las leyes, cosa que podría hacer cualquier gobierno para evitarse dificultades: reconoce que hay una guerra con los grupos de criminales organizados y deja de aplicar las leyes contra los homicidios y secuestros. Es extraño que ningún gobierno, sobre todo ningún gobierno democrático, haga eso.

En ese camino hacia la "paz", que es el objetivo de los crímenes, el reconocimiento de los asesinos como agraviados que obran legítimamente, el gobierno que negocia a escondidas con los terroristas ha dado un paso más. La promesa de que los "gestos de paz" conducirán a una negociación política, en alusión a la posibilidad de que las FARC liberen a unos militares secuestrados, sólo es una forma encubierta de pagar el rescate: ¡se paga a plazos! No que las FARC desistan del objeto por el que secuestraron a esas personas, sino que lo cobran, según compromisos secretos con el gobierno, al cabo de un tiempo.

Cuando el gobierno y la prensa hayan conseguido "dorarle la píldora" a los colombianos.

Y el problema es que esa forma de obrar no se diferencia nada de la de alguien que hubiera colaborado en los secuestros. De hecho, ¿no los habrá ayudado a planear el Hermano Mayor del presidente? ¿O cómo se explica que el contenido de los PC de Jojoy siga siendo secreto, como no sea porque muchos personajes de ese estilo aparecen ahí como mentores de los terroristas.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 9 de diciembre de 2011.)

Ilusiones perdidas

Quinta entrega de la serie de entradas sobre la Colombia de Santos (la primera trataba de los crímenes actuales como resultado y continuación de los que cometieron los amigos de Pablo Escobar y García Márquez en los ochenta, y de la condición de los gobiernos que premian a los criminales; la segunda, de la manipulación de la historia por parte de los responsables de organizar, dirigir, cobrar y usufructuar esos crímenes, como el hermano mayor del presidente Santos; la tercera, de las falacias que hacen circular sobre el tráfico de drogas los acomodados al régimen impuesto por los propios criminales y la cuarta del elemento decisivo del desorden colombiano: la incuria, la indolencia, la falta de una ciudadanía vigorosa y consciente). Esta vez intentaré analizar la corriente política que ha contado con más apoyo popular en la década pasada, las causas de su esplendor y decadencia y su probable porvenir.

Es inevitable ocasionar disgustos a personas que cuentan con que uno es de su bando, pero respecto a lo que representa el uribismo hay que decir claramente que fue una solución falsa, improvisada y limitadísima. Y no por querer justificar de ninguna manera el feroz acoso a que el sicariato moral que protege al régimen ha sometido al ex presidente (que no tiene otro objeto que tratar de avanzar en el camino que abrieron los terroristas en las décadas anteriores a la Constitución del 91), sino porque la indefinición ideológica del propio líder y su incapacidad de romper con las estructuras políticas de siempre conduce a la parálisis, gracias a la cual Santos puede avanzar en su plan de premiar a los terroristas y dejar un país "pacificado" (espera) gracias al reconocimiento que trata de ofrecer a quienes no han hecho otra cosa que intentar destruir la democracia.

Antes de cualquier comentario sobre los ocho años de gobierno de Uribe, para llamar la atención del lector sobre lo expuesto en el párrafo anterior, voy a copiar una frase aparecida hoy mismo en la columna del general Álvaro Valencia Tovar:

Le quedan dos caminos, que en su condición de nuevo jefe supremo puede escoger antes de que la criminalización lo comprometa irremediablemente: persistir con terquedad comunista en el camino hacia la desintegración total, o acogerse a la oportunidad única que el gobierno del presidente Santos, ejecutor de la brillante línea político-militar de su antecesor, le brinda y pasar a la historia como el hombre que puso un final digno a la guerra fratricida emprendida por las Farc.

¿Cuál es la doctrina del uribismo respecto a las FARC? Este general dice con toda convicción que el juego negociador de Santos es continuación de la línea de Uribe. ¿Alguien podría decir si esto es así? La tragedia del uribismo, aquello que lo hace una solución falsa, es que de nuevo la conciencia ciudadana se diluye y los seguidores del ex presidente lo mismo dicen que sí, que los golpes que se han dado a las FARC eran para que negociaran, o que no, que el designio de Santos es una traición. Depende de lo que decida el líder. Él sabe.

De tal modo, cuando en 2001 la complicidad del gobierno de Pastrana con los secuestros y masacres se hizo insoportable (los que duden de la condición de criminal de ese ex presidente pueden prestar atención a sus recientes declaraciones en Venezuela), la gente se aferró al único líder con alguna experiencia que prometía combatir a los terroristas. Yo podría decir "nos aferramos" porque fui de los primeros en promover su candidatura en una época en la que el rechazo al premio del crimen y la complicidad de Pastrana se dividía entre quienes sólo soñaban con una intervención estadounidense, quienes proponían un golpe de Estado y quienes, y eran muchísimos, no vacilaban en esperar que Carlos Castaño recondujera al país. Cualquiera que en aquella época leyera los foros de Caracol o Terra recordará las polémicas que tuvimos (yo solía firmar como Camilo N.) tratando de demostrar que las instituciones podrían sobrevivir si la gente elegía una opción correcta.

Pero eso sólo significó que las cosas entonces estaban tan mal que no había ningún partido que representara cabalmente el rechazo al terrorismo. Uribe era un importante político del partido que había gobernado por tres periodos en los que el terrorismo avanzó, había respaldado la Constitución del 91 y aun fue el ponente de la ley que aseguró la impunidad a los terroristas del M-19.

Menciono todo esto porque hay un abismo entre la sociedad colombiana que quisieran la mayoría de los uribistas y la que quisiera yo: hasta ahora nadie puede demostrar que a Uribe le parezca importante crear un partido distinto de los existentes, ni menos cambiar la Constitución. El presupuesto de su gobierno era el pragmatismo, cosa que en gran medida resulta justificable pero a la postre condujo al "paraíso" actual. Aun, si una corriente poderosa consiguiera una gran movilización ciudadana que cambiara la Constitución y permitiera crear un partido de la mayoría que hiciera frente al socialismo hegemónico hoy en día tanto en las leyes como en los partidos, ¿qué se haría con la prensa y con las universidades? El uribismo nunca pensó en crear órganos de prensa distintos a los existentes, los principales de los cuales son órganos de la oligarquía ligada al terrorismo. Ni menos en cerrar las universidades públicas, eso escandaliza a los uribistas tanto como a los mismos seguidores del Partido Comunista.

Por eso, porque las multitudes ni siquiera tienen valores claros (los uribistas al mismo tiempo profesan una especie de pinochetismo furibundo y un conformismo increíble con las tradiciones políticas locales), no había líderes verdaderamente representativos de nada y de ese modo el Congreso cayó en las mismas manos de los políticos que habían exculpado a Samper y apoyado el Caguán. El problema con los uribistas es que ninguno parece sorprenderse de que el Congreso esté hoy en día formado por tales personajes, como si la mayoría del voto en 2010 no hubiera sido "uribista".

Una vez en el poder, y después de aciertos de ensueño en su primer gobierno, lo único que se le ocurrió al pragmático presidente fue buscar la reelección, para la que el estado de ánimo de la mayoría y la dispersión de sus posibles rivales resultaron favorables (el segundo candidato más votado en 2006 fue Carlos Gaviria, cuyo partido a estas alturas no ha pedido a las bandas terroristas que se desmovilicen). Valdría la pena comparar la respuesta del uribismo y su líder a la cuestión de la continuidad de su proyecto con la que asumió Alfredo Cristiani, que afrontaba una situación mucho más delicada, con un partido cuestionado y una situación más inestable.

Entre los prodigios que se deben a esa primera reelección destaca el partido de la U, pues para conseguir tolerancia de la prensa y votos de la Corte Uribe tuvo que aliarse con Juan Manuel Santos y sus formidables redes clientelares. Pero también el retraso en la firma del TLC, pues la reelección habría sido más difícil con los gremios soliviantados, lo que complicó la negociación y el parón tras el triunfo del Partido Demócrata en 2006.

El error que determinó la ruina del uribismo, que todavía no se ha visto completamente y que nadie quiere entender, fue dedicar el segundo mandato a buscar otra reelección. El primitivismo de Colombia, la consecuente inmadurez cívica y la consecuente inexistencia de partidos basados en doctrinas, idearios y programas claros determinaron que a millones de personas les pareciera de lo más legítimo y correcto que el presidente cambiara las leyes cada vez que alguna obstruía su camino. Casi no hubo respuesta a la graciosa teoría del "Estado de opinión" "fase superior del Estado de derecho" (llegaron a decirlo en un acto al que acudió el heredero de la Corona española, lo que le aseguraba publicidad al hallazgo, y la consecuente sorpresa de los lectores de otros países).

Pero aún más grave fue la actitud de Uribe después del ascenso de Santos: siendo reconocido por la mayoría de los ciudadanos como el líder absoluto del país, no pareció darse cuenta de las implicaciones de la nueva orientación que le daba Santos al gobierno: no podía ponerse en abierta oposición so pena de echarse en contra a todo el Congreso, incluida la Comisión de Acusación que lo procesa por acusaciones absurdas, por lo que aguantó y aguantó, con la esperanza de resultar decisivo en las elecciones regionales y municipales de octubre pasado. Ante la posibilidad de ser candidato a la Alcaldía de Bogotá o de promover a un candidato afín, prefirió apostar a un candidato que parecía tener gran ventaja, pese a que el año anterior ese candidato formaba parte del coro de calumniadores. Cuando el gobierno y Chávez decidieron promover candidaturas alternativas para distraer votos y permitir el ascenso del "progresista" que ayudará a legitimar la negociación con las FARC y la asimilación al eje bolivariano, tampoco Uribe tuvo ninguna respuesta.

La doctrina en la que parecen creer las personas próximas a Uribe es que todo se resuelve accediendo al poder ejecutivo, por eso es de temer que para 2014 estén preparando una nueva reelección, que será frenada por las cortes con la consiguiente seguridad del triunfo para el bando de Gaviria, Samper, Pastrana y Santos, que hoy por hoy tienen a Chávez como el mejor amigo.

El antiuribismo, la campaña de calumnias e intimidaciones de los beneficiarios de los crímenes de Pablo Escobar y el M-19, así como de las demás bandas criminales, ha encontrado en la actitud del ex presidente y de su seguidores víctimas fáciles: no han entendido que los congresistas que promovieron y eligieron se han convertido en aliados de los terroristas y que los partidos a los que siguen aferrados son hoy por hoy meras redes clientelistas sumisas a los designios criminales de sus jefes.

Para hacer frente a la persecución de las mafias de prevaricadores contra el ex presidente y sus compañeros hace falta cambiar la Constitución, crear un partido basado en un ideario claro que incluya la reforma radical de la educación superior (pues durante los ocho años de Uribe los mentores del terrorismo siguieron disfrutando de sus rentas y preparando el nuevo movimiento estudiantil que se ve aflorar ahora), publicar órganos de prensa que denuncien el juego de los paniaguados del gobierno criminal y promover el debate en toda la sociedad. Para todo eso, para la propia defensa del ex presidente, el apego casi fanático de sus seguidores a un líder infalible entregado a un juego confuso e impotente es un estorbo. Otra contrariedad, otro problema.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 2 de diciembre de 2011.)

Déficit de civismo

Continuando con la serie de artículos con que pretendo describir el ciclo histórico largo que atraviesa la sociedad colombiana (1, 2, 3), dedico esta cuarta entrada al gran ausente: la ciudadanía.

Una persona extranjera que se tomara el trabajo de tratar de entender a los colombianos descubriría con pasmo increíble que prácticamente todos consideran a las organizaciones terroristas algo ajeno a su sociedad, urgida eso sí de cambios que prácticamente todos consideran obvios y que de pura casualidad coinciden con las propuestas de dichas organizaciones. Muy curioso, como que cada ciudadano se sienta particularmente agraviado por la sociedad tal como es y con todo el derecho del mundo a exigir perfecciones que considera más o menos naturales y respecto de las cuales nunca considera que le haga falta hacer nada, aparte de indignarse y protestar, en el mejor de los casos.

Es una constante: las posibilidades de que algo despertara una movilización cívica masiva son prácticamente nulas. Claro que no faltará el que encuentre excesivo esto. ¿Cómo que no hay movilización cívica? ¿Qué es "cívico"? Es muy complicado decir cosas así: si el apellido "democrático" es el que tiene el "polo" que propone convertir en ministros a los asesinos sin siquiera el simulacro de las urnas (ahora ya lo son, como el vicepresidente, como el alcalde de Bogotá, elegido por una minoría gracias a las maquinaciones de Santos y al silencio de quienes supuestamente promovían otra candidatura), ¿qué significará "cívico"? ¡Claro!, un paro cívico, cuando sale la chusma a cortar las carreteras y si puede a saquear los comercios. El civismo en Colombia tiene un sentido particular, tal como la educación, la democracia, la defensa de los derechos humanos... Colombia es una realidad que envilece cada palabra que usa.

Y el problema es que no se puede concebir una sociedad civilizada si no hay ciudadanos, pero de nuevo uno se encuentra con las jodidas palabras. ¿Qué es "ciudadano"? Todo el mundo es ciudadano, como mucho dirán que es el de la ciudad. Y es porque la "ciudadanía" es el "conjunto de los ciudadanos de un pueblo o nación". Por eso conviene un repaso al diccionario para no seguir usando palabras de sentido tan vago que al final resultan vacías.

3. Habitante de las ciudades antiguas o de Estados modernos como sujeto de derechos políticos y que interviene, ejercitándolos, en el gobierno del país.

Eso es lo que no hay en Colombia, personas que intervengan ejercitando sus derechos en el gobierno del país. Por eso existe un endemismo tan increíble como el "voto de opinión", correspondiente a la noción de que la mayoría de los votos son "votos de maquinaria", es decir, comprados, aunque no siempre fuera una transacción directa.

Pues ese déficit es el elemento central de la realidad colombiana, tal como la ausencia de servicios médicos es el elemento central de las epidemias que asuelan a África. La fascinante transformación del gobierno elegido por la gente que veía avanzando el país con Uribe en uno cada vez más afín al castrismo (al punto de que oficialmente Colombia pide el fin del embargo estadounidense a Cuba y no la celebración de elecciones libres) es prueba de dicho proceso. ¿Dónde ha habido alguien que protestara? ¿Cómo es que la imagen del presidente se mantiene en tan alto nivel? ¿Cómo es que todo el legislativo se dedica a perseguir al anterior gobierno pese a que la inmensa mayoría de los representantes fueron elegidos como "uribistas"?

Es muy importante volver al diccionario, a la definición del "ciudadano" porque esos "derechos" que tiene el ciudadano van acompañados de deberes que en muchos casos son severas cargas. El colombiano se las arregla para librarse de ellas y sacar provecho de la situación sin tomarse en serio esa condición más bien supuesta de "ciudadano".

Y de nuevo se encuentra uno con la historia: los "derechos" y la condición de "ciudadano" son pura retórica porque antes de considerar esa categoría el colombiano está pendiente del rango, del "estrato", por lo que no es ciudadano igual que otros. De ahí que intervenir en el gobierno del país no sea una forma de ejercer el civismo, sino de enriquecerse o al menos de obtener algún bien o favor: el Estado era una empresa de saqueo y los saqueadores miraban a sus víctimas aborígenes con desprecio infinito. Siglos después, los saqueadores son los arquetípicos lagartos o lambones y los saqueados ya están mezclados de todos los tipos étnicos y sólo aspiran a formar parte del pueblo elegido de los que disfrutan de su nombramiento en alguna entidad estatal.

Es decir, ningún esfuerzo que no represente una ventaja inmediata y mesurable va a encontrar colombianos dispuestos a hacerlo. Por cada persona capaz de tomar parte en alguna iniciativa relacionada con los intereses generales hay cientos de lambones, cuya actitud es exactamente lo contrario del civismo:

1. m. Celo por las instituciones e intereses de la patria.
2. m. Comportamiento respetuoso del ciudadano con las normas de convivencia pública.

El lagarto no tiene el menor interés por la patria, como mucho por la selección de fútbol, y su comportamiento respecto de las normas de convivencia pública se acaba en la ostentación de lo que determina su nivel de consumo, a veces también su rango. El lagarto ayuda a robar a los demás ciudadanos y a corromper las instituciones, por eso tanta gente con puesto estatal festeja infamias como el encarcelamiento del anterior ministro de Agricultura o el espeluznante prontuario de la fiscal (estar en la cárcel en Colombia es para un político o un militar una prueba de su rectitud: quienes deberían estar presos, como Alfonso Gómez Méndez o la ramera que hace de fiscal actualmente, son la autoridad judicial).

Un aspecto casi cómico de esa ausencia de civismo, de esa disposición del lagarto, es el "criticismo": prácticamente todos los "científicos sociales" o incluso los titulados en otras carreras encuentran un gran honor en señalar los problemas del país, ocasión con la que descalifican a todos los políticos, como insinuando que la única solución es que gobiernen ellos. Eso sí, la información que manejan sobre la realidad del país es prácticamente nula: no les hace falta, ya mostraron sus buenas intenciones y la calidad de su estrato, manifiesto en el descontento con el mundo que se encontraron.

En ese nivel de patio de prisión se ejerce otra clase de "civismo", tan antitético con la definición del diccionario como todas las genuflexiones y puñaladas de los lambones rutinarios: la protesta. Casi siempre para acallar a alguien, como cuando algún político honrado va a una universidad, pero también para impedir cualquier progreso, como ocurrió recientemente con el hotel que se pensaba construir en el Tayrona: la chusma vocifera, también en las redes sociales, convencida de que lo que daña el medio ambiente no es su indolencia sino aquellos placeres que no puede pagar. Al colombiano, al candidato a lambón, le parece que algo se salvó de una posesión que descubrió el día anterior gracias a que se perdió la ocasión de crear puestos de trabajo y aumentar los ingresos de la región.

Un mínimo de preocupación por el medio ambiente llevaría a los colombianos a reciclar la basura, por ejemplo. En España, y sólo de la basura no específica, hay seis bolsas distintas (sin contar las pilas, el aceite, los materiales eléctricos, los bombillos y otros desechos específicos). En Suiza sólo para el vidrio hay varias bolsas distintas. Suponer que un mamerto (que es el verdadero nombre del lagarto y que es totalitario en la medida en que aspira a disponer de todo lo ajeno gracias a que obedece al correspondiente administrador de violencia) va a ser capaz de "rebajarse" a clasificar la basura es inconcebible.

Sin ciudadanía ("comportamiento propio de un buen ciudadano") no hay país viable tal como sin lectores no hay literatura. Al no haber ciudadanía los jueces se sienten autorizados a disponer de los recursos comunes para favorecer a sus clientes y los periódicos a mentir y confundir la información con la opinión, a hacer pura propaganda, porque al otro lado no hay nadie a quien interese la verdad ni el porvenir de la comunidad más allá de la lamentable y despreciable borrachera de orgullo que le da algún triunfo futbolístico.

También la política termina siendo lo bárbara que es por ese mismo déficit: al actual presidente sólo le interesa obtener aprobación inmediata con cualquier gesto, incluido algo como decir que un crimen contra un pueblo le da buena suerte a la selección de fútbol, porque a los pobladores del país sólo les interesa el beneficio inmediato que pueden obtener, aunque sea en términos de halago o de posible ostentación (tal como explotó la chusma convertida en dechado de perfecciones, obviamente anticapitalistas, con ocasión del hotel del Tayrona).

La inexistencia de ciudadanía es en definitiva puro primitivismo: el actual presidente trata a los ciudadanos como a ganado, al que un vaquero hábil de todos modos complace. Esa actitud de dueño de la finca es prácticamente obvia cuando lidia con personas sin dignidad, pues a fin de cuentas no se trata con respeto a quien no lo tiene por sí mismo. Y ahí se demuestra de nuevo lo que propuse antes: el déficit de civismo es el aspecto principal de la realidad colombiana, porque todo lo que se quiera construir presupone que existen personas con esa disposición. No los rutinarios y penosos indignados que prejuzgan que todo administrador público es ladrón y siempre terminarían robando si tuvieran puesto. Bueno, éstos son al fin sólo otra clase de lagartos-mamertos: los potenciales.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 29 de noviembre de 2011.)

Retrato de un muladar

Aunque no se crea, todo el mundo tiene su corazoncito y a su manera es patriota, hasta yo. Otra cosa es la disposición a creer mentiras halagadoras, cosa tras la que casi siempre he detectado un lamentable complejo de inferioridad. Es por amor propio y a la comunidad a la que se pertenece por lo que uno aspira a llamar a las cosas por su nombre: si uno quiere que los suyos vivan bien y en un país amable, nada mejor que hacer frente a lo que hay, no aferrarse con sentimentalismo a la ilusión de que escondiendo la cabeza se resuelven los problemas.

En el terreno de la discusión pública, de los argumentos de los intelectuales, la desventaja de Colombia respecto a los países avanzados es particularmente notable, tal vez más que en ningún otro. Que eso determine a largo plazo otras características del país es un poco más difícil de explicar, pero ciertamente las falacias y manipulaciones retóricas no son gratuitas, sino puros pretextos de una dominación atávica, de la persistencia de formas de vida previas a la modernidad que aseguran los privilegios de minorías improductivas.

Un buen ejemplo de la retórica falaz que predomina en la prensa y en el mundo académico en Colombia es una columna reciente del rector de la Universidad Jorge Tadeo Lozano, José Fernando Isaza, que me propongo comentar.

Dados cargados

Una condición para que un Estado se llame democrático es la igualdad de oportunidades que se dé a los ciudadanos.

Uno puede empezar por releer la frase de la entradilla. Es completamente típico: el dictamen apodíctico no puede encontrar resistencia so pena de quedar uno como un falso demócrata. Yo invito al lector a buscar las definiciones de "democracia" a ver dónde se define dicho sistema de gobierno como necesariamente provisto de igualdad de oportunidades. Es una mentira con la que se chantajea a cualquier contradictor o a cualquiera que dude. También se podría decir "Para que una sociedad se considere democrática ninguna mujer puede ser mirada sin respeto por un hombre", y el que dude de esos rasgos de la democracia queda ya como un ofensor machista. ¿Y la provisión de papel higiénico? Para que una sociedad se pueda considerar democrática todo el mundo debe tener suficiente papel higiénico para sus necesidades, y saberlo usar.

Se trata, y perdón por detenerme en eso, de la misma barbarie. Los sentidos de las palabras se estiran hasta donde convenga a quien los usa, sobre todo de las palabras que pueden resultar gratas al lector gracias a la previa manipulación en la escuela. ¿Qué es "democrático"? En Colombia el partido que aconseja prescindir de lo que la gente escoge en las urnas y dar cargos de poder a quienes secuestran y asesinan ciudadanos se llama tranquilamente "Polo Democrático". En el sentido del diccionario, la democracia es "el predominio del pueblo en el gobierno político de un Estado".

Pero ¿qué es "igualdad de oportunidades"? En la gente envidiosa siempre hay un rencor agudo respecto a las aptitudes ajenas (que se manifiesta en la aversión a la ópera, por ejemplo, o a la pintura abstracta o a la poesía), a los placeres (de donde la rabia contra los homosexuales o los consumidores de drogas) o a las posesiones (pasión que determina el antisemitismo, que es el anticapitalismo sin disfraz buenista). Luego, la "igualdad" siempre le parece la reparación de un agravio, reparación que si se deja llevar a cabo termina en la destrucción de lo humano (que es respecto del mamífero de origen siempre una excepcionalidad y que se construye a partir de injusticias como que mi oído no sea igual al de Johann Sebastian Bach). ¿Qué es "igualdad de oportunidades"? Si el lector está obsesionado con la educación de sus hijos y se gana el baloto, ¿debería prescindir de llevarlos a colegios exclusivos o contratar profesores particulares? El Estado debería prohibírselo, y a la larga debería matar a todos los que tengan buen oído para que seamos iguales.

Se trata de una expresión falaz, típica del mundo de la política que según la Wikipedia forma parte del acervo ideológico de la derecha (en oposición a la "igualdad de resultados", es decir, que todos tengamos oportunidad de aprender un oficio gracias al cual obtener cierto ingreso, no que lo obtengamos de todos modos). En el contexto de la cháchara del rector ayuda a perfilar su noción absurda de "democracia" para seguir con su cínica demagogia.

La educación es uno de los medios para buscar la equidad social y permitir que la clase dirigente o las élites se renueven permitiendo que a los altos cargos del Gobierno y del sector privado se llegue por calidades éticas y académicas y no sólo por herencia.

Mucha gente se escandaliza porque yo digo que en esencia lo que en Colombia llaman "educación" es puro adoctrinamiento de asesinos. El objetivo que le atribuye Isaza a la educación en su primer párrafo lo demuestra: ¿qué colombianos han pasado de los niveles bajos de la escala social a los más altos? Los asesinos. Ahí tienen al vicepresidente, cuya carrera como vicepresidente de la Unión Patriótica y dirigente sindical se basó en el poder que a punta de secuestros y asesinatos habían conseguido las FARC, el brazo armado del Partido Comunista a cuyo Comité Central pertenecía. El papel de las FARC y el ELN como elementos decisivos en el control sindical es obvio si se tiene en cuenta que el frente sindical más combativo era la USO, dominada por esas bandas. Ahí colaboraba otro prócer, Luis Eduardo Garzón, del mismo Comité Central. Bueno, y el alcalde de Bogotá, otro asesino de los que encargaron la ejecución de los magistrados que habrían impedido el golpe de Estado que llevaría a la Constituyente de 1991, y muchísimos otros crímenes. O el politólogo León Valencia, favorecido por la familia presidencial y recientemente veedor de la democracia. La forma correcta de acceder al ascenso social es el asesinato. Si dicho ascenso es el objetivo de la educación, ya se puede ver en qué consiste ésta. No es raro que el joven que planeaba matar a un hijo de Álvaro Uribe Vélez se "formara" en la universidad del señor Isaza.

Claro que el lector no dejará de encontrar traído de los cabellos todo el párrafo anterior. Por eso lo más probable es que me mostrará una elite social y política renovada gracias a la educación: cientos de abogados, ingenieros, médicos, etc. de origen humilde (es decir, ya se verá después, de estratos 1, 2 y 3, que forman más del 90 % de la población) que ocupan los primeros cargos del gobierno por delante de los delfines y herederos de fortuna y poder. ¡Claro que el señor Isaza no habla de otra cosa que de calidades éticas o académicas!, y visto lo que es la política en Colombia, ¿cómo esperar otra cosa que el poder de los asesinos?

No hay ningún problema, ningún problema: ¡si el lector detecta que tal renovación no se da es porque no hay suficiente gasto en educación! Esta gente siempre tendrá el recurso de ese tipo. Por ejemplo en Cuba, país apenas diferente de Colombia en ser mucho más rico en 1958 y en mayores restricciones a la iniciativa empresarial y a la opinión libre, es increíble el acceso a los cargos de poder que se tienen por calidades éticas o académicas, habida cuenta del formidable gasto en educación (que determinó en gran medida el estancamiento del país).

En Colombia estamos lejos de tener un sistema educativo que no discrimine en contra de los más necesitados. Se juega con dados cargados en favor de consolidar privilegios. La calidad de la educación básica y media ofrecida en los colegios oficiales es bien inferior a la media de los colegios privados. Algunos tienen precios de matrícula que sólo pueden sufragar las clases económicas altas. Los valores superan el millón mensual, a lo cual hay que adicionar los bonos y donaciones. Por su parte, el Gobierno destina por año, y por estudiante, menos de lo que los colegios privados de alta calidad cobran en un mes.

La primera frase de este párrafo es exacta, pero el contexto del discurso de Isaza es verdaderamente atroz, y el problema es que la gente no se escandaliza. Colombia es como un lugar en el que se sienta uno delante de alguien que está sorbiendo sesos humanos de su caja natural y no se incomoda.

De modo que los colegios a los que acude todo el mundo ofrecen una calidad inferior a aquellos en los que atienden a los hijos de la gente acomodada. Yo invito al lector a comparar la renta colombiana, la productividad de su industria, la evaluación del conjunto de sus centros de enseñanza y sobre todo el índice Gini que mide la desigualdad del ingreso con los de algún país de Europa occidental o de Norteamérica. ¡Dios Mío, es que en esos países los colegios de los pobres tienen igual calidad que los de los ricos! ¿Qué va a importar que comparados los conocimientos de los estudiantes del mejor colegio colombiano sean muy inferiores a los del promedio de un colegio surcoreano? ¿Alguien se imagina algún país en el que un colegio privado cobre menos de lo que gasta el Estado en atender a cada estudiante al que le ofrece enseñanza gratuita?

Yo invito al lector a prestar atención a todo eso no porque me guste ninguna desventaja en el resultado ni en el ingreso, sino porque la demagogia que siempre tiene más gasto que reclamar para producir más igualdad es la primera causa de la desigualdad, y sobre todo de algo más grave que la desigualdad, que es la pobreza generalizada. La mayoría de los colombianos son miserables por la exacción que lleva a cabo el Estado para pagar a personas como este señor por sus lamentos y exigencias, tan falaces que resultan de una inmoralidad escandalosa (las universidades privadas son canonjías para clientelas decisivas en política, y el ingreso de sus dueños está protegido por el Estado).

De acuerdo a la revista Dinero, de las 12.273 instituciones evaluadas por el Icfes en el 2011, el 64% son oficiales, el 36% privadas. Cuando se analizan los 800 con mejores resultados, sólo hay 56 públicas, el 7%; más preocupante aún, entre los 200 primeros colegios sólo hay dos establecimientos oficiales, de éstos el mejor clasificado ocupa el puesto 67 y el otro el 147.

¿Es importante esto en el conjunto de la educación de un país? Los argumentos igualitaristas siempre parten de un desinterés por el sentido de las cosas que resulta muy eficaz a la hora de proteger rentas privilegiadas alentando lo peor de la gente. Si por ejemplo en algún país hubiera igualdad entre los colegios que pueden pagar los ricos y los demás (cosa absurda porque lo normal es que la gente sea más rica por ser más avisada, no por ser tan estúpida como para pagar por lo que puede obtener gratis) ocurriera que un profesor genial (que increíblemente ganaría más dinero gracias a que trabajaría en un colegio donde los alumnos son hijos de familias ricas que pagan por eso) consiguiera grandes logros de sus alumnos, ¡estaría perjudicando a los demás! ¿Qué significa la educación, aprender, saber si no va a distinguirse de lo que tienen los demás? Todo eso es obsceno.

De modo que el problema de la calidad de la enseñanza pública no se debería medir por la comparación con la privada, donde sin duda van los hijos de Isaza, sino con el conjunto de la enseñanza en otros países. Si los ricos le ahorran al Estado el gasto en educación y además obtienen resultados excelentes, mejor que mejor. Lo que define el privilegio en Colombia no es la superior calidad de la educación privada sino la pésima calidad de toda la educación, y de ahí de toda la producción industrial y de los servicios que se prestan en el país. Si los colegios privados formaran ganadores del Premio Nobel en alguna ciencia su ventaja respecto a los públicos podría aumentar. Pero el país no produce nada de calidad y ahí el único mérito que tiene ocasión de afirmarse es la determinación de emigrar.

Hace unos años le escuché a Bernardo Toro la siguiente reflexión, que bien puede llamarse la “parábola del agua”. En una ciudad, ante la tradicional insuficiencia de recursos, se requiere hacer un acueducto. El Gobierno propone, para reducir costos, que a los barrios ricos se les suministre agua tratada de óptima calidad, pero los sectores populares sólo obtienen un servicio no continuo y de agua no potable. Es claro, la sociedad rechazaría indignada la propuesta. Sin embargo, esa es la política que se sigue en la educación. Ante la limitación de cupos en las universidades públicas, sólo pueden acceder los que tengan los mejores resultados en las pruebas del Icfes que no corresponden a los colegios oficiales. El crédito de Icetex permite que en la educación terciaria privada la matrícula de los estudiantes de estratos 1 y 2 sea el 22% del total. En el 2009, la cobertura en educación superior, incluyendo Sena, técnicos, tecnológicos, etcétera, o mejor educación postsecundaria, alcanzaba el 22% en los estratos 1 y 2 y 79% en los estratos 5 y 6. Es decir que los sectores socioeconómicos que más requieren de la educación superior, una forma de movilidad social, tienen 3,6 veces menos probabilidad de acceder a ella que los sectores de mayores ingresos.

La parábola del agua bien sirve para explicar esos endemismos colombianos. En Europa occidental la electricidad que la gente gasta, el agua, el teléfono, etc. les cuestan lo mismo a los pobres que a los ricos, tal como el vestido, el calzado, la comida, los libros, etc. ¡Qué casualidad que la diferencia del ingreso sea mucho menor! En realidad tanta bondad sólo es un pretexto para despojar a la gente que trabaja. La provisión de agua en los barrios ricos de Colombia está siempre servida por la altísima rentabilidad, mientras que en los barrios pobres tarda muchísimo en llegar y el favor siempre se paga con apoyos a algún político o similar. La idea de que los parásitos son buena parte de los habitantes de los barrios ricos no ayuda mucho: siempre pueden pagar los servicios gracias a sus rentas altísimas, que obtienen entre otras cosas gracias a los precios diferenciados de los servicios.

De modo que si en la ciudad todo el mundo tiene buena calidad de agua no es porque se cobrara por ella más a los ricos, sino porque la provisión del servicio aumentó a medida que aumentó el ingreso general. Lo mismo se podría decir de la educación: si en cada niño hay un Einstein latente, todos los sistemas educativos de este mundo fracasan porque nunca se puede educar tan bien a todos. Se educan mejor los más inteligentes que provienen de familias con más recursos. ¿Para qué ocuparse de eso? El problema colombiano no es que los ricos aprendan mejor sino que el conjunto de las instituciones educativas ofrece una calidad pésima, y eso determina la miseria generalizada. La idea de que unos pocos de los que no tienen acceso al agua empiezan a tomar de la mejor es de por sí indecente.

Para indecencia lo de que los sectores socioeconómicos bajos requieran más de la educación. ¿Cómo decirlo? Otro endemismo colombiano. ¿De manera que los hijos de personas sin instrucción requieren más de la educación que los hijos del señor Isaza? La idea es monstruosa, pero es el resultado de suponer que la función de la educación es la movilidad social y no la transmisión del conocimiento. Esa idea de la movilidad social daría para discutir y pensar mucho, pero ya el comentario a la perla del rector se hace interminable. De momento le dejo al lector la duda: si un país aspira a que los hijos de sus ciudadanos más desvalidos accedan a posiciones de poder y prestigio, ¿no sería conveniente para eso que los hijos de sus ciudadanos más meritorios y eficientes se echaran a la perdición? ¿Qué es educación? Llega una persona privilegiada socialmente y aprende a tocar el piano y dedica su vida a ello y a sus hijos desde muy pronto les enseña todas las características del arte musical de modo que se les vuelve una segunda naturaleza, ¿no está con ello creando una ventaja sobre los hijos de las personas que aborrecen la música? Pongamos que fuera como el vestido, ¿no hay un freno a la movilidad social cuando los hijos de las personas más pulcras, ordenadas y finas parten con ventaja respecto de los hijos de los más descuidados? La idea de la movilidad social como una supuesta equidad supone la destrucción de la cultura, que en esencia es un refinamiento que se sedimenta en muchas generaciones. En ese anhelo supuestamente justiciero se destruye lo que se había alcanzado en un medio social de delicadeza y comprensión de datos sutiles, tal como ha ocurrido en los países bolivarianos, sin que los índices de pobreza mejoren mucho a pesar de la bonanza y a costa de una multiplicación de los homicidios.

El gasto público en la educación superior contribuye a la mejora de oportunidades para los más necesitados. El 88% de los estudiantes de la universidad pública pertenece a los estratos 1, 2 y 3, el 3% a los estratos 5 y 6. La Universidad Nacional, altamente selectiva por el nivel académico, tuvo, en el 2009, el 78% de sus graduados en los estratos 1, 2 y 3, mientras que el 2% pertenecía a los estratos 5 y 6.

Es difícil enumerar todas las mentiras que hay sólo en la primera frase. ¿Quiénes son propiamente los más necesitados? ¿Qué son "oportunidades"? Por ejemplo en un barrio humilde cierta familia tiene un rendimiento inferior al promedio de coeficiente intelectual de la población, mientras que sus vecinos son muy brillantes. El gasto público en educación superior permite a los más dotados acceder a las clases de Francisco Gutiérrez Sanín o Miguel Ángel Beltrán y salir a secuestrar gente, lo que les asegura un futuro como funcionarios públicos. ¿De qué modo eso contribuye a mejorar las oportunidades de sus vecinos menos dotados? El dinero que se gasta en proveer tan bellas oportunidades a esos jóvenes se lo quitan a los demás, que precisamente tienen menos oportunidades que si se redujeran los impuestos a las empresas o la parafiscalidad, dado que así aumentarían las ofertas de empleo.

Pero el párrafo es una colección de lindezas que contribuyen como pocas cosas a explicar qué es un muladar. Se suponía que la universidad pública era un espacio de igualación social, que ofrece oportunidades para los más pobres. ¿Qué sentido tiene que el 88% de los estudiantes matriculados procedan de los estratos 1, 2 y 3 si éstos constituyen más del 90% de la población? Los de estratos 5 y 6 son el 3% de los estudiantes y el 3,1% de la población, mientras que el estrato 4, con sólo el 6,3% provee el 9% de los matriculados (pero el 20% de los graduados). Como favor a los pobres resulta muy dudosa la ventaja, más cuando el porcentaje del 88% (78% de los graduados) de estratos 1, 2 y 3 son mayoritariamente de estrato 3 (que es como cuando mi patrimonio se suma al de Carlos Slim y me planto frente al lector a ostentar "nuestro" promedio frente al de él y sus parientes). Pero eso es sólo por mostrar la mentira gruesa, mucho más divertido es que los de estrato 5 y 6 son en buena medida hijos de los profesores universitarios y van a universidades que podrían tener menos exigencias y más rendimiento (no hay tantas huelgas).

Si se quiere avanzar en equidad se requiere aumento sustancial de recursos para la universidad pública, adicionalmente al subsidio a la demanda con recursos presupuestales, que permita al Icetex ofrecer crédito con tasas, aún negativas para quienes quieran estudiar en universidades privadas por decisión propia o por insuficiencia de cupos en las públicas.

De eso se trataba el afán de equidad, de asegurarse rentas para sí y para su gremio. Si se quiere avanzar en equidad hay que dejar de gastar dinero en proveer diplomas por una educación penosa (los estudiantes de posgrado en Colombia no pasarían la escuela secundaria en un país civilizado por su ortografía, no hablemos de los fascinantes sesgos ideológicos que aprenden cuando hasta los rectores hacen cuentas de ese tipo). El dinero que permite la ventaja escandalosa del ingreso de Isaza y compañía por sus mentiras respecto a la gente que se desloma trabajando se le quita a ésta, a las oportunidades de mejorar su vida y la de sus hijos. En la medida en que en un país se trabaje y se produzca en lugar de protestar y maquinar engaños, todo el mundo vivirá mejor. Si sólo los hijos de los ricos pueden estudiar en una universidad, ¿qué empeora eso la vida de la inmensa mayoría que aunque estudie no tiene acceso a nada, ni siquiera a la información dada la penosa calidad de la enseñanza? Lo más probable es que en muy poco tiempo la situación de la mayoría mejore y eso marque la proporción de los que estudian.

Porque en últimas la educación superior realmente existente sólo es la persistencia del clero colonial adornado con un maquillaje de moralina al lado del cual el vividor "camandulero" era un verdadero filósofo y un verdadero santo.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 25 de noviembre de 2011.)

Ocultos tras el arbusto asesino

En mis dos entradas anteriores (1-2) traté de explicar varios aspectos de la situación colombiana actual considerando un ciclo histórico largo en cuyo centro está la Constitución de 1991. Esta vez intentaré analizar un acompañante de todo ese proceso, el tráfico de drogas, así como la percepción que de él tienen los colombianos.


Variantes de la "leyenda blanca "
En el contexto de la historia de Europa se llama "Leyenda negra" a lo que el diccionario define como "opinión contra lo español difundida a partir del siglo XVI": un mito gracias al cual los imperios rivales del español demonizaron la conquista de América. Cuando se piensa en las causas del tráfico de cocaína los colombianos suelen seguir una especie de "leyenda blanca": unos mitos absurdos y a menudo grotescos que divulgan a veces los mismos empresarios del negocio y que proveen a la gente buena conciencia a partir de un juego que podría considerarse "transferencia de la culpa", para usar esa antigualla psicoanalítica.

La variante más atroz, y sin embargo muy frecuente, es la que divulga el escritor Antonio Caballero, según la cual la prohibición es una maquinación de los bancos estadounidenses aliados con los gobiernos de ese país para acentuar la dependencia de los demás países. Este mismo prócer en una época justificaba el tráfico de drogas por la falta de oportunidades que tenían los países del Tercer Mundo para competir. Un ingrediente gracioso de esta versión, muy frecuente en otras y en la que tal vez creen la mayoría de los colombianos, es la singularidad del clima sudamericano para cultivar coca. La mayoría de los colombianos con los que he hablado me aseguran que la cocaína sería legal si la pudieran cultivar los estadounidenses en su país.

Otra historia parecida, dirigida a un público menos fanatizado, pero igualmente legitimadora del negocio, es la que atribuye el tráfico de drogas a la guerra contra las drogas. Es decir, se asegura que la tremenda expansión del negocio fue el producto de la guerra contra las drogas y no de la expansión del consumo. De esa atribución de responsabilidad se pasa a considerar que todos los problemas colombianos de las últimas décadas proceden de ese negocio, es decir, de la guerra contra las drogas. La función de ese discurso en la legitimación del orden impuesto por los terroristas en los años ochenta será algo que señalaré más adelante.

Voy a centrarme en esta última versión porque es la que aceptan hoy por hoy la mayoría de los colombianos doctos, y la que resulta útil para una manipulación que termina, con el pretexto de que la única solución es la despenalización del tráfico que saben que no habrá en medio siglo, "proponiendo" la inacción como efecto de la impotencia.

Lo primero que hay que aclarar es el origen del negocio. ¿Por qué se expandió el consumo de drogas a partir de los años sesenta? No es que antes no se consumieran, todo el mundo intelectual europeo sabía que Poe o De Quincey eran consumidores de opio o Verlaine de hachís, y el mismo poeta colombiano Porfirio Barba Jacob dice "Soy un perdido, soy un marihuano". Las espinacas que come Popeye y que lo cambian tan maravillosamente eran en la primera representación teatral de la historia una metáfora de la marihuana (lo cual tenía un sentido cómico en la obra). Pero ciertamente eran minoritarias, caras y paralizantes para quien tuviera que hacer los esfuerzos que se hacían para sobrevivir antes de la gran industrialización.

Fue el bienestar el que disparó el consumo, en compañía de la rebelión juvenil contra la guerra de Vietnam y las modas musicales de los años cincuenta y sesenta. La prohibición fue una respuesta a esa expansión del consumo entre los jóvenes. La guerra contra las drogas no fue, como pretende la variante comedida de la "leyenda blanca", una ocurrencia de un gobierno estadounidense que podría haber hecho otra cosa. Era un clamor que todavía es absolutamente mayoritario en todos los países y que en Estados Unidos cuenta con el respaldo unánime de los políticos que ganan elecciones y van al Congreso. ¡Cuánto me gustaría no tener que explicar esto! El artista, el académico o aun el periodista destacan hablando de despenalizar el comercio de drogas, pero sólo los políticos podrían hacerlo. Éstos nunca piensan en eso porque necesitan los votos de la gente, que en su abrumadora mayoría es prohibicionista.

Todo se complica yendo detrás de gente que se hace la distraída. Por eso tengo que hacer hincapié en eso: la "leyenda blanca" y la esperanza de solución del problema a través de la despenalización son estratagemas de los socios ilustrados de las mafias. Por eso el disparate que señalé arriba acerca de las causas de la guerra contra las drogas, y por eso también la falta de interés por explicar que el negocio floreciera en Colombia.

¿De dónde son los cantantes?

Esto se preguntaban los integrantes del Trío Matamoros, y viene a cuento porque cuando se habla del tráfico de drogas se suelen mezclar niveles en los que no hay ninguna relación. Una cosa es lo que significan las drogas en la historia, la cultura y la vida cotidiana de la humanidad; otra, que sean prohibidas o dejen de serlo; otra, sin mucha relación, el que Colombia haya llegado a ser el primer productor y exportador mundial de cocaína, y aun un importante productor de heroína. ¿De dónde salen los obreros, los ingenieros y los gerentes de esa industria?

Es decir, la "leyenda blanca", muy influyente en la conciencia corriente de los colombianos, se enreda en juicios sobre las drogas o sobre la legislación y oculta el problema de que no había nada particular que determinara ese papel para Colombia. Bueno, nada salvo el elemento humano, el delincuente, el pistolero. Muchos países tenían mejores condiciones para comerciar con Estados Unidos (como México), eran más pobres (como los demás de la zona andina), tenían más tradición de cultivo de coca y aun de producción de cocaína (como Perú). Sin la cultura de la delincuencia no habría sido Colombia el país afortunado.

Cuando los divulgadores de la "leyenda blanca" acusan a la prohibición o señalan con indecente victimismo que "Colombia sufre más que ningún país el flagelo del narcotráfico" por una parte ocultan el contexto social en que surgió el "capital humano" que dio lugar a esa industria y por la otra legitiman tácitamente el negocio. Decir "nosotros ponemos los muertos", como si no hubiera sido posible hacer otra cosa, hace pensar en un proxeneta que se lamenta de tener que soportar el adulterio de su compañera (a causa de los apetitos desaforados de los clientes).

Siguiendo con esa idea del victimismo, la idea de que la desgracia de Colombia es producto de la prohibición es más o menos como el rencor de un hombre contra el joyero que tentó a sus hijos a volverse atracadores. Es que de hecho la "leyenda blanca", al idealizar el pasado previo al tráfico de drogas y al dar por sentado que la emergencia de un negocio ilegal sería fatal para Colombia se muestra como una respuesta del statu quo ante una industria que en últimas genera recursos para todos los grupos privilegiados.

¿Por qué había en Colombia tanta gente dispuesta a dedicarse a exportar cocaína? Hay también una leyenda "positiva" sobre eso: la disposición emprendedora de los antioqueños y vallunos. La abundancia estremecedora de toda clase de delincuentes en las décadas anteriores no interesa a los de la "leyenda blanca", pero esos delincuentes sólo encontraron, como Pablo Escobar, un negocio más lucrativo que las lápidas. Antes había peligrosas mafias dedicadas a las esmeraldas, y miles de colombianos que ejercían de carteristas y apartamenteros en Europa y Estados Unidos.

Todo eso lo señalo porque el tráfico de cocaína no es la causa de la "cultura mafiosa" sino su efecto normal, y porque si en 2080 se acabara el negocio de las drogas ilícitas la familia marginal de la aldea global se dedicará a otro negocio criminal. Como ingrediente decisivo de la tal "cultura mafiosa" destaca el desprecio del trabajo como fuente de prosperidad, ingrediente cuyo arraigo procede de la sociedad colonial y antes de la mentalidad castellana de la Reconquista. Si bien la atracción por el "dinero fácil" está en el sentido común (en todo el mundo siempre se agradece poder hacer las cosas con menos esfuerzo), la idea de que el trabajo es propio de personas inferiores socialmente era hegemónica en el siglo XVII y en 1970. El colombiano que no sabía nada de las drogas vivía en medio de "vivos", de "corbatas" (no sé si aún se llaman así los empleos estatales en que sólo hay que ir a cobrar), de "impuestos" (la comisión que los policías cobraban a los ladrones para no detenerlos), de lambones, de componendas de manzanillos, de contrabandistas y hampones de las maquinarias políticas que hacían votar a punta de presiones y pequeños sobornos a cuanta persona desvalida pudieran controlar y después obtenían puestos en las aduanas o en los patios de la oficina de tránsito...

Lo que determinó el imperio del hampa, la desmoralización generalizada y la disolución del orden institucional fue la hegemonía ideológica de la "izquierda", primero en la universidad de los años sesenta y después en los medios intelectuales, a medida que los egresados empezaban a ejercer sus profesiones. Tal como según Jakob Burckhardt el modelo de autonomía y resolución que seguían los grandes artistas del Renacimiento era el de los condottieri, lo que inspiraba a Pablo Escobar (hijo de maestra) o a Carlos Lehder eran las hazañas del Che. El mismo Carlos Castaño declaraba que de no ser por lo mal que lo había hecho la guerrilla él sería un guerrillero. En cuanto toda propiedad y todo refinamiento son ilegítimos, fruto de la opresión o, peor, del arrodillamiento ante el imperialismo, la legalidad resulta un aspecto secundario frente a la propia afirmación del "pueblo". En la facultad de Derecho en que era decano el dirigente comunista Jaime Pardo Leal se recitaba que "el Derecho no es más que la voluntad de la clase dominante erigido en ley", cosa que en cuanto pudieron imponer el socialismo aliados con Pablo Escobar, y así convertirse en clase dominante, los discípulos de tal prócer han aplicado sin vacilación. No era raro que los izquierdistas de entonces afirmaran sin pudor que "las cosas no son del que las tiene sino del que las necesita", o llamaran "recuperación" al robo, cuando no se decidían en ejercicio de su actividad militante a "expropiar" cualquier cosa.

La pregunta sobre si fue primero la gallina o el huevo es más bien estúpida, pues todo el mundo sabe que el antepasado de la gallina fue un dinosaurio cuyos huevos fueron transmitiendo mutaciones hasta llegar al animal doméstico de nuestros días. En cierta medida, la relación entre la ideología socialista que tan cómodamente reproduce las jerarquías de siempre a la vez que pretende abolirlas, y la delincuencia, que constituye una respuesta obvia de personas convertidas por esa ideología en agraviadas, a las que se llena de rencores y complejos para poder manipularlas y así hacerlas útiles a los fines de control estatal de los empresarios del socialismo, plantea una cuestión parecida: esa ideología a su vez es reflejo de la "cultura mafiosa", del desprecio del trabajo, del irrespeto a las instituciones basadas en un fundamento moral (fruto del aislamiento: en la península no habría sido tan fácil decir "se acata pero no se cumple"), etc. Es decir, al deslegitimar las instituciones desarrolladas siguiendo el modelo de la Europa burguesa y de Estados Unidos, la izquierda obra como resistencia de las viejas jerarquías de la región y proclama la legitimidad de la pura fuerza, tal como en su día lo hicieran Álvaro de Oyón o Lope de Aguirre (como dato curioso, la rebelión del primero en el siglo XVI ocurrió en el mismo pueblo, La Plata, Huila, de donde proceden el finadito Luis Édgar Devia y su copartidario y coterráneo Jaime Dussán).

La historia escondida
Sociológicamente, la "leyenda blanca" es obra de la misma clase de gente que se puso a hacer la revolución siguiendo el modelo castrista en los setenta, de los mismos que se las arreglan para hacer antiuribismo sin buscarse problemas con los Colombianos por la Paz. Pero es aún más problemático: la atribución de culpas al tráfico de drogas sirve para que se olviden las proezas de los revolucionarios. Mientras todo el mundo veía a Colombia como el lugar en que sucedían atrocidades por cuenta del poder de unos cuantos bandidos, a punta de atrocidades físicas (masacres como la de Tacueyó, asesinatos cobardes como el de José Raquel Mercado, sin duda maquinado por algún novelista o director de periódico), estéticas (la vociferación de los lemas brutales que hicieron fortuna en Camboya y Albania, que también "decoraban" las ciudades) y morales (la inagotable sarta de mentiras en que se basan sus pretensiones), los grupos comunistas se hacían con el poder y obtenían toda clase de "conquistas", de "derechos adquiridos" para sus clientelas, en esencia las clases sociales ligadas al Estado y herederas de los dominadores de siempre.

De tal modo, la "izquierda" llegó a ser el poder y la oposición, a usufructuar el presente mientras "vende" el futuro. La última falacia es la "leyenda blanca" de la nueva generación, que da por sobreentendidos los "avances" de la Constitución de 1991 y las proezas de quienes la impusieron con copiosa financiación del Cartel de Medellín, previo exterminio de la cúpula judicial que podría haber impedido el golpe de Estado. ¡Siempre se les sale a deber, como ocurre con los tradicionales "vivos" colombianos! La persistencia del terrorismo se justifica por una insuficiente "justicia social", que se alcanzará tras otra negociación que permita a una parte de las bandas asesinas ascender socialmente y obrar como la parte emergida de una embarcación (que es lo que hace el ELN con su Corporación Nuevo Arco Iris, a la vez que secuestra y asesina). La enternecedora simpatía de los activistas de la legalización por el modelo constitucional protochavista que impuso Pablo Escobar es sólo una muestra más de la labor de enmascaramiento que es su retórica respecto al poder adquirido por las camarillas comunistas. Su silencio interesado ante las infamias judiciales de que son víctimas el general Uscátegui, el coronel Alfonso Plazas Vega o el ex ministro Andrés Felipe Arias los muestra como despreciable gentuza que asciende socialmente y prospera gracias a su lealtad hacia la tiranía del hampa.

Es en ese contexto donde florece otra falacia característica, que también comparten la inmensa mayoría de los colombianos (como hace unas décadas la de que el ejército no quería que dejara de haber guerrillas porque se reduciría el presupuesto que enriquece a los generales, cosa que todos creen porque es lo que harían, en aplicación de la ideología criminal que predomina y se reproduce con nuevas máscaras para cada generación): la de que la causa del conflicto es el tráfico de drogas. Para demostrar que eso es absurdo basta con repetir lo que tantas veces hemos señalado, que nunca ningún bandido ha tenido una oportunidad como la de Tirofijo y su gente de resultar impunes, ricos y prestigiosos como poder local en la región que Pastrana les entregó en 1998. Pero no haría ninguna falta pensar en eso, baste pensar en las guerras de Centroamérica, particularmente la de El Salvador, con el mismo patrocinio de jesuitas, agentes cubanos y universidades. ¿Era la guerra civil de El Salvador una querella alrededor del tráfico de drogas? Absurdo.

Cuando el hampa académica divulga esa leyenda sobre el tráfico de cocaína le presta un gran servicio a sus patrones, los que coparon el poder en 1991: el de quitar importancia a la extorsión y a la industria del secuestro que permitieron tantas "conquistas sociales", incluida la misma constitución, y las han garantizado desde entonces. ¿Cuánto dinero ha producido la extorsión que llevan a cabo las bandas armadas comunistas? ¿Cuántas muertes son producto de esa formidable industria que enriquece a buena parte del clero universitario?

El conflicto colombiano es una guerra por el poder y contra la democracia que emprendieron los grupos privilegiados a partir del movimiento estudiantil de los años sesenta y setenta. De la intensa propaganda, que caía en terreno abonado, que deslegitimaba el capitalismo, a Estados Unidos, a las instituciones democráticas y a la propiedad y el trabajo, surgió la desmoralización generalizada en que florecería la poderosa voluntad criminal que dio lugar a los grandes carteles. La droga no dejará de estar prohibida durante medio siglo y la sociedad colombiana no tiene otra salida a ese respecto que el combate enérgico contra las organizaciones que llevan a cabo ese comercio. Y sobre todo, la retórica antiprohibicionista es parte del mismo statu quo del que forman parte las bandas terroristas, hoy por hoy aliadas del gobierno en busca de una nueva hegemonía a partir de unas negociaciones en las que el horror (que pronto llegará a las ciudades) sirve como argumento para las buenas intenciones del gobernante.

Lo que se discute en Colombia sobre las drogas no tiene ningún impacto a la hora de pensar que Estados Unidos va a despenalizar el consumo, con lo que el más obtuso perseguidor y el más entusiasta consumidor pueden estar en el mismo bando, pues de lo que se trata es del poder de las organizaciones criminales y sus socios políticos (es decir, los comunistas, a quienes hoy por hoy sirven los ex presidentes de los noventa y la Unidad Nacional). Los innumerables mitos del hampa académica y periodística sobre el impacto del tráfico de drogas en la violencia local son parte de una operación de encubrimiento y propaganda, gracias a la cual millones de colombianos creen que secuestrar gente es menos grave que exportar drogas y aceptan el engendro de Pablo como la legalidad democrática más legítima y respetable.

(Publicado en el blog Atrabilioso el 24 de noviembre de 2011.)